ANTECEDENTES
El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud, con la participación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ha establecido una política integral para toda la población que permite una adecuada distribución de los recursos, es por ello que se deben fortalecer las acciones para garantizar esta política pública del Gobierno Federal.
En el contexto de la administración pública, la corrupción se concibe como el abuso de un cargo público para obtener una ganancia privada, de acuerdo con el alcance y naturaleza del punto de contacto, las interacciones que se originan pueden materializar diferentes formas de corrupción (como el soborno, cohecho, colusión, actuación bajo conflicto de interés, tráfico de influencias, coerción). En el ámbito de la política nacional de protección contra riesgos sanitarios, los efectos de las acciones de regulación, vigilancia y fomento sanitarios pueden ser limitados por prácticas de corrupción.
LA CORRUPCIÓN EN DATOS
Una de las áreas susceptibles a la complicidad entre el sector público y privado es la regulación. En el caso de México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016 y 2020 (ENCRIGE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El sector privado percibe que los actos de corrupción se producen principalmente para agilizar trámites, evitar multas o sanciones, evitar la clausura de un establecimiento, pagar menos impuestos, obtener licencias o permisos y evitar inspecciones (ver gráfica 1).
Estos resultados derivan, en parte, de que las personas usuarias enfrentan rigidez y poca claridad de los requisitos, tiempos de atención y cuotas de los trámites que realizan, quedando expuestas al abuso del poder e ineficiencia gubernamental.